Entre una DIA y un EIA hay dos años de diferencia y un orden de magnitud en costo. Esa decisión se toma antes de contratar a nadie, y casi nunca se toma con asesoría.
El costo de evaluar ambientalmente un proyecto en Chile se duplicó en cuatro años. Los tiempos siguieron el mismo camino: un EIA que en 2008 tomaba 355 días hoy toma más de mil.
Frente a eso, la arquitectura del permiso —qué instrumento se usa, cómo se define el proyecto, en qué orden se tramitan los permisos sectoriales— pesa más que la calidad del estudio que venga después. Y es una decisión que, una vez ingresada, no se puede cambiar sin desistirse y volver a empezar.
En septiembre de 2025 entró en vigencia la Ley 21.770, que introdujo estabilidad regulatoria de hasta ocho años, técnicas habilitantes alternativas y silencio administrativo positivo. Sus reglamentos se están escribiendo ahora. La curva de aprendizaje del mercado entero volvió a cero.
Con fundamento escrito y el argumento que la sostiene si el Servicio de Evaluación Ambiental la cuestiona.
Con dependencias y ruta crítica: cuáles se tramitan en paralelo y cuáles bloquean a los demás.
Si el proyecto califica para estabilidad regulatoria, si aplica una técnica habilitante alternativa, y dónde se puede invocar silencio administrativo positivo.
Redactado y listo para ingresar.
Identificados con nombre y servicio, y qué hacer con ellos desde ahora.
Con los criterios técnicos que el titular debería exigir.
Precio fijo y cerrado, sin tarifa horaria. Plazo garantizado desde la recepción de antecedentes completos. El valor del paquete se acredita íntegramente contra el mandato siguiente si nos contrata dentro de seis meses. Entrega con documento firmado y una sesión de presentación de 60 minutos.
Gerencias de permisos y medio ambiente de titulares que todavía no ingresan al sistema de evaluación, y desarrolladores que están definiendo el alcance del proyecto.
Si nos acompaña durante la tramitación, el valor de la ruta se acredita íntegramente contra el honorario.
Son nueve. Los clientes suelen empezar por el que destraba la decisión siguiente, no por el más grande.
US$9.500 · 4–6 semanas. Estructura societaria, auditoría de concesiones bajo la Ley 21.420, calendario de obligaciones y dictamen al directorio. Su operación de pie en seis semanas.
US$7.500 · 2 semanas. Puntuación sobre 25 en estabilidad de reglas, permisos, licencia social, claridad fiscal y capacidad institucional. Segunda jurisdicción, US$4.500.
US$6.500 · 3 semanas. Entre 25 y 35 candidatos creíbles para cargos regulatorios, con banda de compensación real. Buscamos donde las firmas globales tienen prohibido buscar.
Las brechas culturales y los diferentes marcos regulatorios son muy intimidantes al invertir en una jurisdicción desconocida. Contar con apoyo profesional sólido marca la diferencia.
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