Los proveedores de datos le dicen cuánto cobre habrá en 2030. Nadie le dice si el ministerio que va a resolver su permiso sigue existiendo, quién lo dirige, y qué cambió en los últimos doce meses.
Antes de comprometer capital en un país de la región, un comité necesita saber si las reglas van a seguir siendo las mismas cuando el proyecto entre en producción. Esa pregunta no la responde una suscripción de inteligencia de mercado, porque no está construida para responderla.
El Jurisdiction File puntúa cinco dimensiones, cinco puntos cada una. Excluye deliberadamente el yacimiento, la curva de precios y la calidad del sponsor: eso ya lo cubren otros, mejor equipados.
Lo que captura es lo que decide si un proyecto técnicamente sólido llega alguna vez a producir.
Estabilidad de reglas, previsibilidad de permisos, arquitectura de licencia social, claridad fiscal y capacidad institucional.
Y qué está por cambiar, con la tramitación legislativa y reglamentaria en curso.
Y que no aparecen en ningún informe de mercado.
Nómina de contrapartes institucionales por materia, con nombre y cargo.
Precio fijo y cerrado, sin tarifa horaria. Plazo garantizado desde la recepción de antecedentes completos. El valor del paquete se acredita íntegramente contra el mandato siguiente si nos contrata dentro de seis meses. Entrega con documento firmado y una sesión de presentación de 60 minutos.
Un puntaje que no se puede auditar no vale nada. Cada nivel de cada dimensión está definido por evidencia observable, no por un adjetivo, y la rúbrica completa se entrega con el memorándum. Usted no tiene que creerle al número: tiene que poder discutirlo señalando evidencia.
Seguridad del título y del contrato en el tiempo.
5: título con protección constitucional y sin precedente de revocación en la década. 3: título administrativo con causales objetivas. 1: un contrato vigente anulado o la actividad prohibida por ley.
No mide velocidad: mide cuánto se parece el plazo real al plazo prometido.
5: plazo legal con silencio positivo y estadística pública de cumplimiento. 3: plazo legal con desviación real superior al 100%. 1: no existe procedimiento vigente.
Existencia del canal institucional, no ausencia de conflicto.
5: consulta reglada con jurisprudencia consolidada. 3: consulta reglada con judicialización frecuente sobre su suficiencia. 1: el conflicto opera sobre operaciones ya construidas.
Un régimen malo pero claro puntúa más que uno bueno e incierto.
5: estabilidad efectivamente otorgada a proyectos comparables, con expediente aprobado. 3: régimen modelable sin incentivo especial. 1: régimen sin objeto o suspendido.
Quién decide, con qué gente y qué presupuesto.
5: capacidad demostrada en expedientes de la mayor escala. 3: suficiente para la escala habitual, o decisiones pendientes de una instancia política sin plazo. 1: el organismo técnico no decide.
Escala absoluta. Un 5 es un estándar exigente en términos generales, no «el mejor de Latinoamérica». Está anclada al comité que compara Chile contra Canadá o Australia. Por eso, en la tanda de septiembre de 2026, ninguna de las seis jurisdicciones puntuadas superó los 17 sobre 25. Cada puntaje se entrega con la fuente que activa su ancla; sin fuente no hay puntaje.
No es una recomendación de inversión ni una calificación de riesgo crediticio, y no evalúa la calidad de un activo. Es una lectura estructurada del riesgo institucional de una jurisdicción, con método declarado y fecha de corte. Cuando un dato depende de una decisión aún no tomada, se dice, en vez de rellenarlo con una cifra.
Comités de inversión, fondos y corporativos evaluando entrar o ampliar posición en un país de América Latina.
El rol de asesor permanente de comité de inversión parte en US$3.000 al mes.
Las brechas culturales y los diferentes marcos regulatorios son muy intimidantes al invertir en una jurisdicción desconocida. Contar con apoyo profesional sólido marca la diferencia.
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