Su equipo técnico ya sabe qué hay en el suelo. Lo que decide la transacción es si el proyecto se puede permisar, con quién hay que negociar y cuánto se va a demorar de verdad.
Un comité de inversión recibe tres informes técnicos y ningún documento que responda la pregunta que realmente decide: ¿este activo se puede operar aquí, bajo esta regulación, en el plazo del modelo financiero?
Ni la firma de ingeniería ni la Big Four ni el estudio jurídico entregan esa respuesta empaquetada. La primera lo trata como componente técnico, la segunda como riesgo genérico, el tercero produce un memorándum de ochenta páginas que nadie en el comité lee completo.
El Dictamen de Admisibilidad Regulatoria existe para llenar ese vacío, y está diseñado para leerse entero en veinte minutos.
Entre 12 y 18 riesgos calificados por severidad y probabilidad, cada uno con su mitigación y su responsable.
Contrastado contra los tiempos efectivos del SEIA, no contra los plazos de referencia, con la ruta crítica marcada.
Quién es realmente el vendedor, qué compromisos informales existen con autoridades y comunidades, qué litigios están latentes.
Qué responsabilidad bajo la Ley 20.393 y la Ley 21.595 se transfiere junto con el activo.
Base, retraso y bloqueo, con su impacto cuantificado en meses y en capex.
Una página: seguir, seguir con condiciones, o no seguir.
Precio fijo y cerrado, sin tarifa horaria. Plazo garantizado desde la recepción de antecedentes completos. El valor del paquete se acredita íntegramente contra el mandato siguiente si nos contrata dentro de seis meses. Entrega con documento firmado y una sesión de presentación de 60 minutos.
Compradores extranjeros con cheques de US$50 a US$300 millones, fondos de infraestructura y vicepresidencias de desarrollo de negocios que necesitan una respuesta dentro de la ventana de exclusividad.
Si nos contrata como asesores de la transacción, el valor del dictamen se acredita íntegramente contra el honorario del mandato.
Son nueve. Los clientes suelen empezar por el que destraba la decisión siguiente, no por el más grande.
Desde US$12.000 · 3 semanas. DIA o EIA, con el argumento para defender la decisión. Secuencia sectorial con ruta crítica y los tres permisos que deciden el plazo.
US$9.500 · 4–6 semanas. Estructura societaria, auditoría de concesiones bajo la Ley 21.420, calendario de obligaciones y dictamen al directorio. Su operación de pie en seis semanas.
US$7.500 · 2 semanas. Puntuación sobre 25 en estabilidad de reglas, permisos, licencia social, claridad fiscal y capacidad institucional. Segunda jurisdicción, US$4.500.
Las brechas culturales y los diferentes marcos regulatorios son muy intimidantes al invertir en una jurisdicción desconocida. Contar con apoyo profesional sólido marca la diferencia.
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