Panamá: la moratoria minera y la decisión pendiente sobre Cobre Panamá

Panamá es el caso más claro de la región de que el riesgo regulatorio no es un descuento en la tasa: es binario. En 2023 el país cerró una mina que aportaba más del 5% de su producto y prohibió la minería metálica por ley. Tres años después, la decisión sobre qué hacer con esa mina sigue pendiente.

Qué dice la ley hoy

La Ley 407 de 2023 estableció una moratoria indefinida sobre el otorgamiento de concesiones para exploración y extracción de minería metálica en todo el territorio nacional. No es una suspensión administrativa reversible con un cambio de gobierno: es ley, y ha resistido el examen constitucional. La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda contra cinco de sus artículos — decisión publicada en abril de 2025, con mayoría de ocho magistrados — después de haber rechazado una demanda anterior en marzo de 2024.

Separadamente, el contrato de concesión de Minera Panamá, aprobado por la Ley 406 de 2023, fue declarado inconstitucional por la propia Corte en noviembre de 2023. Ese fallo es el que detuvo la operación.

Cobre Panamá: dónde está la decisión

La mina está detenida desde el 28 de noviembre de 2023. El gobierno encargó una auditoría integral, ejecutada por SGS Panamá Control Services, cuyo informe final fue entregado al Ministerio de Ambiente el 19 de junio de 2026. La auditoría evaluó 370 compromisos del estudio de impacto ambiental de categoría III en cuatro componentes — legal y fiscal, desempeño ambiental, técnico-operativo, y riesgos y pasivos — y reportó un cumplimiento general de 87,73%, con el componente técnico-operativo en 90,20% y el de riesgos y pasivos en 81,70%. Los hallazgos incluyen retrasos de reforestación, deforestación por sobre el área autorizada, reducción de capacidad de piscinas de sedimentación y brechas de monitoreo, clasificados como remediables.

La decisión está en manos de una comisión ministerial integrada por los titulares de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, y Ambiente, que debe presentar una recomendación al presidente. Al cierre de esta revisión la comisión había indicado que buscaba hacerlo antes de finalizar 2026, sin fecha comprometida. El presidente ha planteado públicamente que la mina pertenece a Panamá y que, de continuar, sería operada por el Estado con un socio técnico — una arquitectura que aún no tiene forma jurídica.

Lo que sí se autorizó

En abril de 2026 el gobierno autorizó el procesamiento del mineral ya extraído antes del cierre, por razones ambientales: hay del orden de 38 millones de toneladas de material expuesto en el tajo cuyo drenaje ácido hay que evitar. No es reapertura: la extracción — perforación, tronadura, movimiento de estéril — sigue suspendida. Con ese permiso la operación procesó mineral acumulado, volvió a emplear del orden de tres mil trabajadores y preparó embarques de concentrado durante 2026. Los arbitrajes internacionales de la compañía contra el Estado están suspendidos, no desistidos.

Dónde sí hay mercado

Que la minería metálica esté cerrada no significa que el país lo esté. Para un inversionista de recursos naturales e infraestructura, los frentes activos son otros:

• Energía. La Secretaría Nacional de Energía condujo dos licitaciones en 2026 — una de capacidad renovable y otra de contratación de largo plazo que recibió más de setenta ofertas, incluida la conversión de plantas térmicas de combustibles líquidos a gas natural — y anunció dos más para 2027, con participación significativa de almacenamiento en baterías por primera vez. Los requisitos de capacidad y tecnología se conocerían hacia fines de 2026.
• Logística y agua. La seguridad hídrica de la cuenca del Canal es, en la práctica, la política de recursos naturales más importante del país, y arrastra infraestructura asociada.
• Asociaciones público-privadas. El marco de APP es la vía habitual para infraestructura de gran escala, y su gestión es administrativa — es decir, se gana o se pierde en la calidad de la relación institucional, no en el pliego.

La lección que Panamá le deja al resto de la región

Cobre Panamá tenía contrato, tenía permisos y tenía producción. Lo que no tenía era legitimidad social suficiente para sobrevivir a una crisis política, y el instrumento que la puso en riesgo no fue una autoridad ambiental sino un tribunal constitucional. Cuando evaluamos riesgo jurisdiccional en Chile, Argentina o Perú, este caso es el recordatorio de que el examen de constitucionalidad y la aceptación pública del título son parte del riesgo del activo, no ruido de fondo.

Fuentes: Ley 407 de 2023; La Prensa sobre el fallo de la Corte Suprema; MiAmbiente, entrega del informe final de la auditoría integral (19 jun 2026); Secretaría Nacional de Energía. Última revisión: septiembre de 2026. Información general, no asesoría legal.